La inesperada muerte del fiscal Alberto Nisman no solamente ha causado gran conmoción en Argentina sino que al levantarse un velo de incógnita sobre la forma en que murió, dibuja un nuevo escenario político de consecuencias imprevisibles en un año marcado por una apretada carrera electoral.

Los argentinos se enfren-tan a muchas incógnitas en torno a la muerte del fiscal Alberto Nisman, un hecho sorpresivo que a juicio de la presidenta Cristina Fernández está cubierto por un manto de confusión, mentiras e interrogantes.
Mientras los investigadores se esfuerzan por precisar las causas de la muerte, que según los primeros indicios se trató de un suicidio, los políticos de la oposición, acompañados por la prensa hegemónica, aprovechan la oportunidad para atacar al Gobierno en un año electoral.
Nisman investigaba la causa del atentado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) pero cambió el curso de la pesquisa y la semana pasada lanzó la denuncia de que el Ejecutivo intentaba encubrir la presunta implicación de Irán en aquel ataque a cambio de petróleo.
Pero los argumentos sobre los que basó la imputación eran demasiado endebles, e inmediatamente fueron rebatidos de manera contundente desde el Gobierno, que mostró pruebas de la falsedad de las imputaciones.
Ahí comenzaron a emerger muchas interrogantes sobre su proceder y los motivos que impulsaron al procurador a desviar la investigación de la causa AMIA para poner bajo escrutinio a la Presidenta y a su equipo ejecutivo.
La gran pregunta ahora es qué propulsó al fiscal Nisman a suicidarse, si así fue que murió.
Las principales interrogantes, entre otras, son quiénes se benefician de su denuncia, de la confusión que genera su deceso y del escándalo político en año de eleciones al que se referían, incluso antes de conocerse su muerte, comentaristas de la prensa opositora.
El secretario de Inteligencia solicitó a la jueza María Servini desclasificar según autorizó la jefa de Estado todas las escuchas telefónicas sobre las que basó su denuncia el finado fiscal, al tiempo que el juez Ariel Lijo interrumpió sus vacaciones para asumir el caso de la denuncia de Nisman.
Estaba previsto que el fiscal acudiera el lunes al Congreso para dar precisiones sobre su imputación contra la Presidenta por el Memorando de Entendimiento con Irán.
Entre otras cuestiones, debía responder por qué el Gobierno pidió que si-guieran vigentes las alertas rojas si el objetivo del supuesto plan de encubrimiento era que se levantaran. O por qué no se vendieron granos a Irán ni nunca se presentó la supuesta pista falsa, ni tampoco hubo venta de petróleo.
En una carta que divulgó Cristina Fernández hizo una serie de cuestio-namientos, entre ellos quién ordenó a Nisman volver al país el 12 de enero cuando estaba de vacaciones en Europa, dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas.
Otra pregunta es cómo alguien que tenía tan grave denuncia institucional se fue de vacaciones y de repente las interrumpió en pleno feriado judicial, sin avisarle al juez de la causa, y presentó una denuncia de 350 fojas que evidentemente debía tener preparadas con anterioridad.
«¿O será que alguien se las dio cuando regresó», cuestionó la jefa de Estado que analizó la participación mediática del Grupo Clarín en esta siniestra historia.
Sin que se supiera el origen o los convocantes, una avalancha de mensajes copó las redes sociales alentando a la población a salir en protesta para exigir al Gobierno justicia.
Unos tres mil ciudadanos se congregaron en Plaza de Mayo y hubo un altercado menor con la policía federal cuando un grupo de violentos manifestantes intentó derribar una de las vallas de protección de la Casa Rosada. Para la medianoche ya la ciudad estaba tranquila.