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Los 33 mineros chilenos, que en 2010 fueron rescatados de las profundidades de la mina San José, luego de permanecer durante 69 días atrapados bajo tierra, anunciaron que presentarán una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a la denegación de justicia en su país’’.


«Si la justicia hace su pega (su trabajo) como corresponde, ellos (los empresarios que deberían ser sancionados) estarían presos», dijo a la prensa el líder actual de los 33 mineros, Luis Urzúa. Esta reacción de los mineros chilenos responde a la decisión de la Fiscalía chilena de cerrar la investigación sobre lo acontecido en la mina San José hace tres años atrás sin formular cargos en contra de los dueños del yacimiento.
«Se adoptó esa decisión de no perseverar, porque no había convicción para formular una acusación», expresó el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella.
Tras conocerse la noticia, otro de los mineros, Mario Sepúlveda, manifestó que «¡me enterraron otra vez estos desgraciados! Estoy mal, he llorado toda la mañana, esto es un ejemplo de la mala justicia chilena, se pudo haber hecho mucho más».
Asimismo, Urzúa detalló que «nosotros llamamos a nuestro abogado y nos dijo que estuviéramos tranquilos, (porque) tenemos otra demanda por negligencia» contra el Estado.
Ante esto, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, indicó que al Gobierno sólo le corresponde «acoger y respetar los trabajos que hace cada poder del Estado», pero que «obviamente es interesante ver la reacción de los mineros, de las distintas personas involucradas, respecto de este fallo».
El 5 de agosto de 2010, 33 mineros de un yacimiento en San José al norte de Chile quedaron sepultados a unos 700 metros de profundidad, debido a un derrumbe que se produjo en el lugar. Tras 17 días después de sucedido el accidente se supo que los hombres se encontraban con vida, mediante un mensaje enviado desde el interior. El 13 de octubre se logró con éxito el rescate, luego de varias semanas de perforación.
La operación de salvamento duró 25 horas en total y se ejecutó con una cápsula especial diseñada por la Armada de Chile, la cual permitió extraer uno a uno a los trabajadores que se encontraban atrapados a 700 metros de profundidad.
Luego del derrumbe, los familiares de los afectados apuntaron sus demandas contra Sernageomin por no haber fiscalizado las condiciones de seguridad del yacimiento, que se encontraba en manos de la empresa San Esteban.