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La iniciativa de querellar en la Argentina a los responsables del capítulo paraguayo del Plan Cóndor surge del inmovilismo de la Justicia paraguaya para esclarecer los crímenes de la dictadura.


Un grupo de ciudadanos paraguayos, encabezados por el especialista en derechos humanos y ex preso político Martín Almada (foto), presentó un pedido de investigación de la represión ejercida durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) ante el juez federal argentino Norberto Oyarbide, bajo la invocación del principio de justicia universal. Así lo informó el propio Almada, veterano abogado penalista que fue torturado por la dictadura de Stroessner –con participación de un represor argentino– y que a partir de 1989 se dedicó a recolectar datos de los delitos cometidos por el fallecido militar y por todas las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor. La iniciativa surge a raíz de la complicidad y el inmovilismo de la Justicia paraguaya para esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura de Stroessner.
Esa investigación le permite estimar que en tres décadas y media la dictadura logró un botín de 5.000 millones de dólares en concepto de confiscaciones y robos a sus víctimas, y asegurar que puede identificar a 448 tor-turadores actualmente vivos.
La presentación, admitida por el juez, promueve una querella criminal por la comisión de los delitos de lesa humanidad que tuvieron lugar en Paraguay entre el 15 de agosto de 1954 y el 3 de febrero de 1989. El instrumento judicial, que calcula en 20.090 el número de víctimas de violaciones de derechos humanos, fue presentado por el abogado argentino Juan Maida y su colega español Aitor Martínez Gi-ménez en nombre de 14 ciudadanos querellantes –entre ellos Almada y el veterano dirigente político Domingo Laino–, y dos organismos defensores de derechos humanos. Consultado acerca del mecanismo y desarrollo que tendrá la causa, Almada explicó que fue un gran paso el hecho de que Oyarbide haya admitido el reclamo, y que de ahora en más queda en manos del magistrado llamar a declarar a los testigos, entre otras diligencias que podrían conducirlo luego a ordenar o no los procesamientos y detención internacional de los responsables.
“El reclamo de justicia está dirigido no sólo a la dictadura de Stroessner, que aparte ya no puede ser demandado, sino a sus cómplices y encubridores y a todos los responsables del Plan Cóndor”, resumió Almada en referencia al plan criminal acordado en la década del ’70 por las dictaduras latinoamericanas. Apuntó que este plan fue organizado por Estados Unidos, por lo que acusa directamente al ex secretario de Estado Henry Kissinger, quien coordinaba la relación de Washington con los regímenes del Cono Sur.
“El Plan Cóndor fue una bomba atómica que Washington envió a Suda-mérica, ya que causó 100.000 víctimas en todo el continente”, afirmó, y señaló como otras principales figuras del esquema criminal a los dictadores Augusto Pinochet, de Chile, y Hugo Banzer, de Bolivia. “En noviembre y diciembre de 1975 Pinochet se reunió con los dictadores del continente y planificó lo que iba a ser el Cóndor, y Banzer fue el autor de un instructivo para eliminar del interior de la Iglesia Católica a los curas, monjas, obispos y seminaristas tercermundistas. Eso que yo llamo ‘receta Banzer’ se aplicó en todos los países del continente”, detalló.
“El Plan Cóndor tuvo dos velocidades. Una, más lenta, se aplicó en Paraguay, Bolivia y Brasil, donde la izquierda ya estaba derrotada, y una de máxima en Chile, Argentina y Uruguay, países en los que en los años ’70 había una gran movilización social y política”, explicó Almada.
“A diferencia de lo que ocurrió en el resto del continente, en Paraguay las acciones represivas fueron llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad oficiales, digamos, con lo cual hay documentación de la mayoría de esos casos”, concluyó Maida, abogado platen-se de Amnistía Internacional (AI), que en esta oportunidad colabora en forma personal.
Al respecto, Almada, cuya esposa, Celestina Pérez, fue asesinada por la dictadura, concluyó comentando que durante los 70 días en que fue torturado en forma ininterrumpida recibió tormentos de parte de varios represores de distinta nacionalidad, incluido Héctor García Rey, un policía de la provincia de Córdoba.