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El gobierno peruano decretó el viernes el estado de emergencia por 60 días en una convulsionada provincia del sur donde miles de agricultores protestan desde marzo contra un proyecto minero del Grupo México, y cuatro personas murieron en violentos choques entre manifestantes y policía.

El gobierno peruano justificó  la declaración de estado de emergencia en la provincia sureña de Islay, donde las protestas contra un proyecto cuprífero de Grupo México han dejado cuatro muertos en los últimos dos meses.
«Hemos hechos todos los esfuerzos para evitar esta declaratoria. Lamentablemente, la violencia y el empleo, al parecer, de cartuchos de dinamita, nos hacen ver la necesidad de proteger a la población», dijo el presidente Ollanta Humala. «Es para garantizar la paz», añadió.
El régimen de excepción que regirá hasta el 23 de julio otorga plenos poderes a las fuerzas armadas y policiales para detener a cualquier persona sospechosa de actos violentos en las protestas contra el proyecto minero denominado Tía María, a cargo de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper (Grupo México), en la región de Arequipa.
«Quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reu-nión y de tránsito en el territorio», detalló el decreto publicado en la gaceta oficial. «No es sencillo. Este es un remedio amargo, pero que permitirá curar nuestra democracia», explicó el ministro de Justicia, Gustavo Adri-anzén.
Suspensión de garantías
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, había dicho el viernes al anunciar el estado de emergencia en Islay que el gobierno hará valer su cumplimiento para resguardar la seguridad. El decreto subraya, sin embargo, que será la policía quien mantenga el control del orden interno y que las fuerzas armadas darán apoyo para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
La declaratoria del estado de excepción se precipitó luego de que el viernes estallaran violentas protestas en Cocachacra, la localidad aledaña al proyecto, que le costaron la vida a un poblador durante un enfrentamiento entre manifestantes y la policía.
Los manifestantes intentaron tomar por asalto la comisaría de Cocachacra empleando cartuchos de dinamita en la protesta, que dejó además siete heridos.
La víctima mortal del viernes es la cuarta que se registra desde el inicio de las manifestaciones contra el proyecto minero el 23 de marzo.
Los manifestantes rechazan la construcción del proyecto minero alegando que afectaría a la agricultura y al medio ambiente en Islay. Las protestas del viernes sorprendieron a las autoridades ya que habían amainado en la última semana desde que Southern anunció una pausa del proyecto por 60 días para buscar acuerdos, luego de que el presidente Humala exhortara a dialogar para superar el diferendo.
Sentados en barril de pólvora
El reclamo general en Islay es de que se suspenda el proyecto minero y que se retire de la zona el Grupo México. Los manifestantes han convocado para la próxima semana un paro regional en la zona para apoyar la protesta.
«El problema, ahora, es que la situación en Islay se puede tornar más grave porque la próxima semana se ha convocado a un paro macroregional», advirtió el ex viceministro del Interior, Carlos Basombrío.
La situación puede verse agravada además porque el viernes un tribunal de la ciudad de Arequipa sentenció a nueve meses de prisión a uno de los principales dirigentes de la protesta, Pepe Julio Gutiérrez, quien preside en Islay el denominado Frente de Defensa del Valle de Tambo. Gutiérrez fue acusado de extorsión por supuestamente haber pedido dinero a la empresa minera para poner fin a las manifestaciones.