Organizaciones de la prensa apoyaron la imple-mentación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y pidieron a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que se reduzcan las excepciones a la norma.

El representante de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Franz Chávez, expresó el apoyo de esa institución a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, «por su indudable contribución» al libre ejercicio ciudadano de su derecho a la información como fundamento básico para ejercer sus derechos de libre expresión y opinión.
«Las observaciones fundamentales de la ANP están referidas a las excepciones previstas en el artículo 42 y la posibilidad de sumar una cantidad indeterminada de nuevas excepciones que abre el artículo 43, al facultar a los cuatro poderes a decidir al respecto. En mérito al pedido de propuestas concretas la ANP sugiere fundir esos dos artículos en uno solo», señaló.
Sugirió que las excepciones se refieran a información secreta y reservada o confidencial del Estado Plurina-cional referidas exclusivamente a temas de seguridad interior y exterior del Estado, que deberá definirse mediante Ley expresa debidamente justificada.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, Ronald Grebe, explicó que esa institución elaboró una propuesta junto con la Asociación de Periodistas de La Paz, la Fundación Construir y Bolivia Transparente, que plantea que el proyecto debería contemplar un concepto similar a la normativa interameri-cana, que establece el principio de «máxima divulgación».
«El tratamiento de una ley de acceso a la información necesariamente debería ir de la mano de una ley de archivo, que dicte los lineamientos que deben cumplirse al momento de la clasificación, guarda y cuidado de la información, más aún cuando hay información que puede o debe ser desclasi-ficada en los años posteriores», dijo.
A su turno, el representante de la Fundación Unir, Erick Torrico consideró que las excepciones establecidas deben ser fijadas de «una sola vez y con la mayor precisión posible» porque –a su juicio– no se puede dejar abierto el margen para que posteriormente a la puesta en vigencia de la Ley aparezcan nuevos criterios y clasificación de la información.
«Toda la información que manejan las entidades públicas debiera ser clasificable en los tipos que deben establecerse de una vez en esta Ley», fundamentó.
El proyecto de ley 404 de Transparencia y Acceso a Información Pública tiene 47 artículos que garantizan a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de acceso a la información pública que se encuentre bajo custodia, administración o tenencia del Estado.